PROPUESTAS PARA UNA VENEZUELA PROSPERA

Proyecto Prosperidad es la visión de un país diferente. Un equipo de profesionales calificados, multidisciplinario, unidos por la filosofía humanista y cristiana, presentan al País Nacional sus propuestas en áreas como: la economía, la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la pobreza, la vivienda,entre otras

lunes, 28 de marzo de 2011

Copei denuncia apatía del gobierno ante la inflación


       Enrique Cabezas, miembro de Proyecto Prosperidad de Copei, indicó en rueda de prensa realizada el día 27 de marzo en las inmediaciones de dicho partido, que el gobierno no le da importancia al tema de la inflación, pues según el Estado es un problema estructural que se acrecienta año tras año de forma inevitable, sin tener en cuenta que este problema afecta a todos los venezolanos, principalmente a los de bajos recursos que gastan todos sus ingresos en alimentos y productos de primera necesidad.
De acuerdo con la opinión de Cabezas, el problema de la inflación radica en que  cada día somos más dependientes de las importaciones creando empleos en otros países, debido a que la producción nacional actualmente es casi inexistente.
“La política económica del gobierno nos está llevando por el precipicio de la alta inflación y bajo crecimiento;  entre 1999 y 2010 los países que conforman la OPEP crecieron a razón de 6.1% y Venezuela apenas alcanzo un 2.3% interanual”. Afirmó el miembro del partido político.
Finalmente, Cabezas puntualizó que Proyecto Prosperidad promueve que exista tanta gran empresa como sea necesaria pero tanta mediana y pequeña empresa como sea posible y señaló que la asamblea nacional juega un papel importante en dicha labor, pues debe proponer leyes que permitan el crecimiento de las empresas privadas en el país. “Queremos un país de oportunidades, prosperidad y donde el esfuerzo de cada venezolano sea retribuido para tener una vivienda propia, salud, alimentación para luego disfrutar de una vejez digna”.

domingo, 6 de marzo de 2011

COPEI hace observaciones al Proyecto de LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS


PARTIDO SOCIALCRISTIANO COPEI



PROYECTO PROSPERIDAD: NOTA DE PRENSA
COPEI hace observaciones al Proyecto de LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS

El dirigente de COPEI, Eduardo Barrios, integrante del Proyecto Prosperidad, señaló, que el proyecto que regulará y controlará los arrendamientos de viviendas, no beneficia ni a los propietarios ni a los arrendatarios. El Proyecto como tal, discrimina la propiedad privada, aspecto sobre el cual el pueblo ya se pronunció en el referéndum del 2007, rechazando la propiedad colectiva.

En el anteproyecto de Ley de Arrendamientos, un simple contrato comercial se convierte en un suplicio para las partes y es contrario al derecho de propiedad, plasmada en nuestra Constitución. En este proyecto, las Organizaciones Sociales (Comunas, Consejos Comunales) ejercerán la Contraloría Social de la Dirección Nacional de Inquilinato, eliminando la competencia a las autoridades constituidas. Se crea el Censo de Contrato de Arrendamiento, donde el arrendador y arrendatario, deben suministrar sus datos y lo concerniente a las condiciones del arrendamiento. Es punitivo al arrendador, sino cumple con lo estipulado en este proyecto de Ley.

Señala Eduardo Barrios, que este proyecto de Ley, legaliza atributos que son contrarios a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente. Tal es el caso, que los arrendatarios que han subarrendado un inmueble sin autorización del propietario o del arrendador, éste último está obligado, de promulgarse esta Ley, a formalizar la relación arrendaticia con las personas que ocupen en ese momento el inmueble, sin tener referencias, de quienes son estos nuevos arrendatarios.

Este proyecto de Ley, especifica Barrios, coloca en posición de indefensión al propietario o arrendador y, al arrendatario, como un cliente indeseado. El contrato subscrito entre las partes, en una segunda prórroga, se convierte en un contrato a tiempo indeterminado y la revisión del canon de arrendamiento, se realizará cada tres años, sin tomar en consideración, la inflación anual. Así mismo, el proyecto de Ley a través de la Dirección Nacional de Inquilinato, fijará el canon de arrendamiento de los inmuebles. Esta Ley no discrimina entre inmuebles construidos hace años o nuevos, para su regulación.

El integrante del Proyecto Prosperidad señala, que el proyecto de Ley obliga a las empresas constructoras, a destinar un 25% de sus construcciones para el arrendamiento. Estas, previo al inicio del proyecto de construcción, deberán notificar e informar a La Dirección Nacional de Inquilinato, al Ministerio con competencia en materia de Vivienda y Hábitat y, a la Alcaldía correspondiente, la cantidad de viviendas a construir y el tiempo estipulado para la construcción de las mismas. Sin la carta aval de la Dirección Nacional de Inquilinato, no podrán iniciar la obra.

Este proyecto de Ley, afirma Barrios, propiciará mayor corrupción, ya que la Dirección Nacional de Inquilinato escogerá los inmuebles para alquilar en esos proyectos y, a sus inquilinos. Igualmente, la Dirección Nacional de Inquilinato, obliga al propietario vender el inmueble al arrendatario al décimo año de su construcción y, al precio de venta que el organismo determine.

En este proyecto de ley, el Estado obliga a los propietarios de edificios construidos hasta el año de 1987, a ofrecerlos en venta y a la Dirección Nacional de Inquilinato, a fijar el valor de venta de los inmuebles, en donde no se tomará en cuenta el cálculo del valor de la tierra, ubicación y precio de mercado.

Eduardo Barrios afirma, que COPEI no se opone a la regulación de alquileres, sino al atropello del mismo pueblo, que con el producto de sus ahorros, de sus prestaciones sociales y que no son carga para el estado venezolano, convirtieron sus viviendas en pensiones o, compraron otra vivienda para tener ingresos para su manutención y que de aprobarse esta ley, su subsistencia estará en entredicho. Arrendador y arrendatario, son ciudadanos con los mismos derechos y deberes, ninguno está sobre el otro.

Finaliza el dirigente de COPEI señalando, que de aprobarse esta Ley, las viviendas destinadas al arrendamiento, serán muy difíciles conseguirlas. Igualmente, las casas convertidas en pensiones, como en muchas ciudades que se destinan a viviendas estudiantiles, por ejemplo, pudieran desaparecer, dejando a cientos de jóvenes sin posibilidades de educarse. Esta Ley prohíbe el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, en donde se confirma que no habrá título de propiedad sobre el bien, sino uno de ocupación temporal. Es obligación del estado, estimular la construcción de viviendas para el arrendamiento con las seguridades jurídicas del caso, pero principalmente, la construcción de conjuntos habitacionales para la adquisición  de los mismos, con tasas de interés preferenciales y a largo plazo, treinta o cuarenta años para pagarlas. Eso es lo que tienen que estudiar y, llamar a las empresas privadas, a participar en la construcción de los mismos y no a empresas extrajeras, a las que tienen que pagarle en divisas.

miércoles, 2 de marzo de 2011

PROPUESTAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Comisión de Producción de la Comisión Asesora Carlos Sequera Yépez, Carlos Gimenez, Rafael Rodríguez Acosta, Orlando Molina, Mauricio Pérez B., José Soriano, Gonzalo Vergara Molina, Eduardo J. Barrios P.

SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA

El gran reto que tiene por delante el pueblo venezolano, es el de construir un país con el concurso de todos, sin distingos ideológicos y religiosos. En esta última década fue inexistente la política de estímulo para la creación de nuevas industrias y empresas que generaran nuevas fuentes de trabajo, al contrario, las empresas e industrias pertenecientes al sector privado fueron objeto de una equivocada política del estado. Las consecuencias de esta omisión se traducen en cierre de empresas, aumento del desempleo, fuga de capitales y las empresas propiedad del Estado, solo producen déficit.
Los sectores productivos nacionales han sido golpeados por la política del estado en lo referente a: invasiones, confiscaciones, controles de precios, intervenciones y la inseguridad jurídica. Debemos entender que su fortalecimiento es necesario como una política de estado para disminuir las importaciones, crear seguridad jurídica y condiciones confiables derivadas de estímulos oficiales, para ir garantizando a los venezolanos: la soberanía alimentaria, la creación de fuentes de empleo y promover las inversiones nacionales y extranjeras.
Las siguientes pueden ser, entre otras, las medidas mínimas a ser tomadas en consideración para reconducir la producción, una vez que Venezuela recupere su democracia y libertad:
1. Restablecimiento de la Confianza, Seguridad Jurídica y Fiscal, para permitir a todos desarrollar libremente sus actividades económicas lícitas, respetándose el derecho a la propiedad privada y al constitucional arbitraje internacional, reconocidos en los convenios suscritos con Vietnam, Rusia, Irán y Cuba. Respeto a los Tratados de Protección Recíproca a las Inversiones, Doble Tributación, y Arbitraje Internacional.
2. Estabilidad y libre convertibilidad del bolívar, como requisito necesario para que se vuelva a ahorrar e invertir en el país. Para ello se requiere:
a. Disciplina y equilibrio presupuestario.
b. Liquidación, fusión, propiedad fiduciaria o cooperativa, venta en pública subasta y en las bolsas y mercados de valores nacionales e internacionales, entrega en plena propiedad a sus trabajadores del total o ciertos porcentajes, según las características individuales de cada empresa. Privatización de todas las empresas públicas deficitarias.
c. Apoyo financiero y formativo, a las empresas de carácter social, comunitarias, cooperativas y autogestionarias privatizadas, para que logren ser autosuficientes.
3. Hay que cuantificar y revisar el monto de la actual deuda pública interna y externa, incluida la flotante, y los compromisos de garantías a los préstamos y financiamientos recibidos, y las ventas a futuro tanto de petróleo y derivados como de aluminio y otros productos.
4. Consolidar toda la deuda existente en bonos públicos internos y externos, sin adquirir más deuda. Tendremos un bolívar estable y libremente convertible, con el cual valga la pena ahorrar e invertir.
5. Política de precios de bienes básicos: debe contemplarse las revisiones sistemáticas de acuerdo a la evolución de los costos y los estímulos o subvenciones, según lo pautado en las normas comerciales internacionales en que Venezuela tiene compromisos, evitando las competencias indebidas de productos importados. Los productos no fundamentales deben regirse mediante precios libres y de mercado, sin subsidios y eliminación de los controles a las exportaciones. Así mismo, el estado debe justificar su intervención en la economía, cuando observe que hay deformaciones tales como la conformación de oligopolios, que perjudican la libre competitividad, la libre empresa y a la economía de mercado
6. Políticas agroalimentarias: La situación alimentaria mundial, diagnosticada por Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO, pone en el tapete que los Gobiernos de los países del mundo, deben establecer Políticas Públicas que lleven a sus respectivos Estados a solventar la situación alimentaria de sus respectivos países.
Las cifras evidencian que el Gobierno venezolano no ha dado respuesta acertada interna a las necesidades alimentarias del país y eso explica el porque cada día son más elevadas las importaciones con la dependencia de soberanía que ello implica. En el año 1998, cada venezolano requería de una cantidad de 73,82 dólares de importación alimenticia y así completar sus requerimientos, mientras que para el año 2007 esa cantidad se eleva a 110,76 dólares, con el agravante que hoy tenemos una población de 5 millones de seres más que en 1998.
Es necesario evaluar las posibilidades de implantación de un nuevo modelo que rescate los programas agrícolas que generaron expectativas en buena parte de la población y hoy representan una gran frustración como: Saraos, Cogestión Agrícola, Fundos Zamoranos, Desarrollos Endógenos, Organopónicos, Hidropónicos y Cooperativas Agrícolas, programas que fueron desarrollados bajo un esquema de inconsistencias tecnológicas, organizacionales e improvisaciones de toda índole.
De acuerdo a los resultados de la gestión agrícola actual y, tomando en cuenta las experiencias previas de desarrollo tecnológico y científico que han aportado excelentes beneficios en algunos rubros de la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura nacional, es absolutamente necesario rescatar la confianza del sector agropecuario tanto pequeño como medio y empresarial para lograr una mayor inversión acompañado de programas de apoyo técnico-financiero, seguridad jurídica, cancelación de confiscaciones arbitrarias, reasignación de predios con planteamientos que contenga inserción social y
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores del campo, intensificar la investigación y extensión agrícola para la obtención de semillas y elementos de cultivo, pesca, acuicultura y ganadería que aumenten la productividad traducida en incrementos de la producción con menores áreas intervenidas. Instrumentar políticas para concretar el Desarrollo Rural Integral de tal forma que la preocupación no solamente se focalice en el aumento de la producción, sino también el desarrollo humano del campesino. Por último, plantear un modelo de comercialización agrícola que incluya modificaciones sustantivas a nivel del mercado(s) mayorista que entre otros aspectos contemple la instalación de plantas procesadoras de productos perecederos para un mayor aprovechamiento de los mismos y aumentar la oferta nacional por esa vía, cadenas de distribución con un marco de apoyo programático similar al aplicado en PROAL que se base en descuentos comerciales sin caer en el estado bodeguero. EL DESARROLLO AGRÍCOLA ES LA MEJOR EXPRESIÓN DE SOBERANÍA NACIONAL. (Se anexa informe sobre el sector agroalimentario nacional)
7. Turismo para Todos: Es posible equilibrar nuestra balanza turística, no reduciendo la salida de venezolanos al exterior, sino aumentando las visitas de los turistas extranjeros, y el turismo interno, creando las infraestructuras y matrices de servicios de turismo adecuadas, incluyendo los aspectos de seguridad, sanidad , higiene, alimentación y el mantenimiento de las carreteras y playas.
8. Una Economía Social de Mercado Responsable, no es una economía del dejar hacer, dejar pasar. Sin la aplicación de las anteriores medidas, es poco probable la recuperación, reconstrucción y renacimiento de nuestro aparato productivo y de la creación de empleos. Sin empresarios, sin inversiones, sin dueños de tierra o de tecnología, sin gerencia ni logística adecuadas, no hay producción, y por lo tanto no se generan empleos y bienestar. Toda la economía está al servicio del ser humano. La expansión, un nuevo boom, debe traducirse, no en aumento de las importaciones, sino en la creación de empleos en nuestro país, en la organización de nuevas empresas, con sindicatos libres, y donde se cumpla la legislación laboral y ambiental. Trabajo reproductivo para todos, estable y con futuro, básicamente en el sector privado, debe ser otra prioridad. Podemos volver a ser un país donde exista el optimismo, y donde el mañana sea mucho mejor que el hoy, y el hoy, mejor que el ayer.
9. La necesaria incorporación de las tecnologías del siglo XXI, particularmente las relativas a las telecomunicaciones por telefonía celular, computadoras personales, radio y televisión digital. Así como aplicación de nuevas fuentes alternas energéticas, autos híbridos y uso de la energía solar, eólica y otros biocombustibles manteniendo la protección ambiental.
Estas propuestas son producto del análisis de las actividades productivas del país y, de esa manera corregir las variables socioeconómicas, con el propósito de que nuestra población pueda satisfacer sus necesidades como: alimentación, salud, vestido, vivienda, transporte y
hacer uso de los recursos naturales, integrándose a las diversas actividades del sector productivo del país.