POR UNA ECONOMÍA SOCIAL Y
ECOLÓGICA DE MERCADO
Comision Asesora
I.- INTRODUCCIÓN
El Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, constituyen uno de los pilares de las Propuestas de la Democracia en América.
Los valores que inspiran al Humanismo Cristiano, frente a la dimensión Ambiental, son eje diferenciador con otras fuerzas políticas de nuestro continente.
Tal y como lo ha establecido la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) "los Humanistas Cristianos tenemos un compromiso con el medio ambiente distinto en esencia al propugnado por el humanismo laico; el marxismo o el ecologismo, ya que la responsabilidad de la Creación ha sido asignada al ser humano y no responde sólo a consideraciones de supervivencia o respecto al sometimiento del hombre sobre la naturaleza” (ODCA. Propuesta Programática de Medio Ambiente).
Nos manifestamos claramente por un sistema económico que conjugue nuestros valores esenciales, tales como la solidaridad, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, con la preservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales; en este sentido, hacemos nuestra, la idea de una economía social y ecológica de mercado, centrada en el desarrollo integral de la persona humana, idea a la cual se incorporan los valores de respeto al Medio Ambiente.
El respeto por los bienes de la Creación, la solidaridad con esta generación y las generaciones futuras, la erradicación de la pobreza, todo ello en el marco de un sistema de libertades y de crecimiento económico, donde logremos el mejoramiento permanente de la democracia, es nuestro compromiso en la búsqueda permanente del Bien Común y de la Perfectibilidad de la Sociedad.
A continuación, presentamos un conjunto de proposiciones que desarrollan el tema relativo al Medio Ambiente, dentro del programa de país,
II.- Promoción de la cultura del Desarrollo Sustentable.
El término Desarrollo Sustentable reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas: una de ellas concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambienté.
Se promovió el uso del término "Desarrollo Sustentable" en el informe de la Comisión Bruntland "Nuestro Futuro Común" publicado en 1987. El informe proporciona una de las definiciones más citadas: afirma que se deben "satisfacer las necesidades de esta generación
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sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades”
En cuanto a la definición de sustentabilidad, "La Estrategia Mundial de Conservación”, publicada en 1960, aporta un enfoque ecológico de la misma, al esbozar tres objetivos considerados necesarios para la conservación de los recursos vivos: 1) el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas que dan sostén a la vida, 2) la preservación de la diversidad genética y 3) el aprovechamiento sustentable de las especies y de los ecosistemas.
La promoción del Desarrollo Sustentable implica que el gobierno nacional asuma como política de desarrollo, la conservación y nacionalidad en el uso de los Recursos Naturales, por lo que tienen que incorporarse estos conceptos en los planes de desarrollo del país. Nuestra Constitución de 1999, recoge este criterio cuando señala entre los valores fundamentales de la República "para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica”, “el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales cómo patrimonio común e irrenunciable de la humanidad".
Esto significa entonces, promover la utilización de nuestros recursos naturales tanto renovables, como no renovables, con criterios de conservación, que permitan su preservación futura y que se reduzcan al mínimo los impactos ambientales causados como consecuencia de las actividades económicas, lo cual no es otra cosa que incorporar el ambiente, en las principales políticas públicas del Estado y hacer de la sustentabilidad la meta principal de la política económica del país.
Sin embargo, en una reforma constitucional, deben recogerse y perfeccionarse las previsiones actuales, especialmente las contenidas en el Capítulo que contiene los Derechos Ambientales, reforma que permita conferir autoridad y eficacia, a las demandas de participación ciudadana.
La meta del Desarrollo Sustentable, requiere además de procesos educativos que se orienten a sembrar conciencia en la población sobre los valores del ambiente y que además permitan modificar esas conductas aprendidas, que son agresivas contra el ambiente, por lo que la Educación Ambiental se convierte en una acción fundamental, puesto que se necesitan nuevos conocimientos, valores y aptitudes a todos los niveles y para todos los ciudadanos.
Resulta igualmente fundamental, la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y en las acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental, por lo que las ONG's y las organizaciones sociales deben tener derecho a incidir en los niveles de las decisiones políticas.
En definitiva, nos proponemos impulsar un nuevo modelo, el del Desarrollo Sustentable, con un objetivo principal de bienestar humano, en armonía con la naturaleza, basado en la
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democracia participativa, en la libertad económica, en la justicia social y en la solidaridad, para las generaciones actuales y futuras.
III.- Por una política para la conservación y el aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad.
La diversidad biológica se ha convertido en un importante foco de atracción, ya que en ella están contenidos los componentes básicos para la vida del hombre y los adelantos científicos llevan a demostrar que las generaciones futuras dependerán en gran medida del grado de conservación de los recursos de la naturaleza, por lo que esto se convierte en el centro de la preocupación mundial en materia de conservación ambiental.
Además, la revolución biotecnológica y la genética molecular amplían el espectro de aplicaciones y usos de nuevos productos, así como la explotación de los recursos genéticos. De este modo, las multinacionales del fármaco han puesto en marcha en la última década programas de investigación sobre las plantas medicinales procedentes de países en desarrollo ricos en biodiversidad.
En consecuencia, se infiere que la valoración, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, es ahora el punto de partida para la conservación de nuestro entorno, de aquí que cobre importancia capital en todas las políticas y regulaciones relacionadas con el ambiente
En tal sentido la Agenda XXI, aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Río' 92), recoge el siguiente planteamiento: "Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y fa variabilidad de los genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas. Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques, las sabanas, los llanos, los desiertos, las montañas y los picos, los ríos, los lagos y los mares, contienen la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las tierras de los agricultores y los jardines son también de gran Importancia como reservas, en tanto que los bancos de genes, los jardines botánicos, los parques zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan una contribución pequeña pero importante. El actual empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte resultado de la actividad humana y constituye una grave amenaza para el desarrollo humano”.
Es por ello que se debe tomar medidas para fomentar una mayor comprensión y apreciación del valor de la diversidad biológica, manifestada tanto en sus componentes, como en los servicios ambientales prestados por los ecosistemas, así como elaborar estrategias nacionales para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos, que deben ser ejecutadas en el ámbito de la participación ciudadana y con la colaboración de los estados y municipios.
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IV.- Por una estrategia de conservación y aprovechamiento sustentable de las aguas,
El agua es un recurso vital para la humanidad. No obstante, la preocupación por este preciado líquido, no estaba en la agenda de las prioridades del concierto mundial. La gestión sostenible del limitado recurso representa una visión de equidad social que aún no se alcanza. Igualmente, no podemos dejar de reconocer que, el acceso al agua potable para satisfacer necesidades básicas, es un derecho fundamental y una responsabilidad civil.
La realidad nos ha venido concientizando sobre la necesidad de adoptar políticas en el ámbito nacional e internacional para preservar este importante recurso, ya que cada día se agudizan los problemas relacionados con ella: escasez de agua potable afectando a millones de personas en el orbe, los altos niveles de contaminación que presentan los cuerpos de aguas, reaparición de enfermedades ya erradicadas y la desertificación que avanza en muchas regiones causando penurias a los seres humanos y todo ser viviente.
En nuestro caso en particular, la naturaleza nos ha dotado de innumerables recursos naturales, específicamente con relación al agua, Venezuela es mencionada como el vigésimo tercer (23°) país con mayores reservas, pero observamos con preocupación que muchos de nuestros cuerpos de agua dulce vienen sufriendo severos procesos de contaminación producto de la acción humana y notamos que no existe, ni una verdadera conciencia ciudadana, y mucho menos políticas públicas claramente definidas para evitar la degradación, y el mal uso del agua potable.
El agua debe considerarse además como un recurso finito, que tiene un valor económico, del que se derivan consecuencias sociales y económicas considerables, como reflejo de la importancia que tiene para satisfacer las necesidades básicas
La gestión democrática del recurso, con la participación de todos los usuarios en la toma de decisiones, está planteada como una de las vías para lograr un aprovechamiento más equitativo del preciado líquido. La cuenca, como unidad administrativa de manejo, que incluya dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y físicas surge a nivel mundial como el camino para lograr balancear los distintos intereses de los usuarios en pro del bien común.
La participación pública en la planificación y gestión, mediante acuerdos para establecimiento de estructuras jurídicas e institucionales (comités de cuencas) promoverán un reparto más justo y equitativo del recurso, así como un manejo más sustentable del mismo.
La divulgación de la información hidrológica surge como una necesidad para el libre acceso dé personas e instituciones interesadas en participar en la toma de decisiones.
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“Las municipalidades suelen estar en desventaja en cuanto a formulación de políticas de manejo de aguas, pues suelen no ser propietarias de los recursos hídricos que utilizan”. (IV Dialogo Interamericano de Administración de Aguas-Foz de Iguazú, 2001).
Es por esto que la responsabilidad de las autoridades municipales en la distribución equitativa del recurso, así como la obvia contribución a la degradación de los recursos hídricos (aguas servidas), debe considerarse a la hora de un análisis integral de la cuenca. La creación de comités de cuencas, en donde las autoridades municipales participen como un ente importante dentro de los actores o usuarios, debe fomentarse para una mejor panificación integral de los recursos hídricos.
Los problemas de drenaje urbano, cada vez más frecuentes, provienen de una falta de planificación en la urbanización de nuestras ciudades, ello agravado por las improvisaciones y orientaciones populistas de los gobiernos, El respeto a las zonas inundables, demarcación de zonas vulnerables a deslaves, etc. Deben considerarse dentro del manejo de las, cuencas urbanas.
Por último, la protección a la biodiversidad de los sistemas acuáticos debe constituirse como una prioridad en la búsqueda del desarrollo sostenible. Una cuenca ambientalmente sana, representa una garantía de equilibrio ecológico.
V.- Municipalizar la Gestión Ambiental
Los gobiernos son responsables primarios del Desarrollo Sustentable. Es su deber elaborar planes tanto nacionales como regionales y locales que conlleven a la definición de políticas y estrategias, capaces de lograr una amplia participación de la comunidad incluyendo las organizaciones no gubernamentales- y el sector privado.
Los municipios juegan un rol preponderante y decisivo para lograr el Desarrollo Sustentable, siendo como son, la forma de organización más simple y más cercana a los problemas del ciudadano.
En Venezuela, los municipios tienen la potestad para ejecutar políticas de protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, por lo que deben estar en capacidad de atender y resolver los problemas ambientales de carácter local.
Las acciones relacionadas con el aseo urbano y domiciliario, los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos, la protección civil en materia de seguridad ambiental urbana, la contaminación sónica, la contaminación del aire por vehículos automotores, así como lo relativo a los acueductos, drenajes y cloacas, son tareas propias de las autoridades locales, que conforman la potestad que tienen los municipios en materia de protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental
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En este sentido, son fundamentales y dependen de la realidad de cada municipalidad, las ordenanzas en materia de protección ambiental, en las que se desarrollen estos principios y apliquen soluciones a los problemas ambientales de carácter local.
Sí este proceso de cambio se propicia en el ámbito local, será fundamental desarrollar acciones para crear conciencia ambiental y capacitar a los representantes de los gobiernos municipales para la gestión y toma de decisiones en esta materia. Una vez más, la Educación Ambiental resulta de vital importancia, para la ejecución eficiente de estas políticas públicas
Es por ello que proponemos confiar a los municipios la solución básica de los problemas ambientales que los afectan, quedando para el poder nacional las grandes tareas y el deber de asistir a los municipios, cuando los problemas ambientales rebasen no sólo su capacidad técnica y económica, sino también cuando estos vayan más allá de su jurisdicción.
VI.- Para mejorar el ambiente urbano y hacerlo más humano.
La calidad del ambiente urbano depende tanto de elementos físicos como de las condiciones de vida de la población. Para una buena calidad de vida urbana es necesaria una buena calidad del aire, el agua y el suelo pero también es fundamental promover la construcción de viviendas adecuadas, el establecimiento y conservación de las zonas verdes y los espacios libres, diseñar y ejecutar programas de seguridad ambiental urbana, hacer posibles las formas de recreación, etc.
Las concentraciones urbanas se caracterizan por originar problemas ambientales específicos. Por un lado, las propias condiciones de vida en el medio urbano exigen indicadores de calidad ambiental propios o singulares referidos a aspectos como la calidad del aire, la existencia de zonas verdes, el ruido o la congestión del tránsito.
Por otra parte, las ciudades originan crecientes tensiones ambientales como consecuencia de la presión que ejercen sobre los recursos naturales que les sirven de sustento, así como por la contaminación inherente a los vertidos de gran parte de estos recursos en forma de residuos (aguas residuales urbanas, basuras, etc.) o por la propia expansión física originando, la ocupación irreversible de suelo.
En este sentido, la pobreza crítica reduce la capacidad para acceder a los recursos, a las oportunidades y a la tecnología, dando lugar a procesos de migración, especialmente desde le periferia hacia las grandes ciudades, lo cual hace que sean más graves los factores que agudizan los problemas ambientales.
El proceso de urbanización en Venezuela, no escapa de estos problemas, antes por el contrarío adquirió en los últimos años características tales, que su velocidad y, en cierto modo, su desorden, imponen a nuestras ciudades unas cualidades poco humanas.
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De igual manera, nuestras ciudades y poblaciones urbanas, por efecto en parte del crecimiento desordenado y en gran parte como consecuencia de la pobreza, se han desarrollado en espacios inseguros, haciéndolas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y todo tipo de desastres naturales, que ponen en peligro la seguridad de los bienes y la vida misma de sus habitantes. En este tema, los municipios deberán jugar un papel fundamental en el diseño de políticas públicas de seguridad ambiental urbana, que atiendan los efectos de la naturaleza antes, durante y con posterioridad a la ocurrencia de dichos eventos, lo cual requiere de adecuados sistemas de planificación, que permitan atender con eficacia y eficiencia estas situaciones.
La urbanización imprevista, la falta de inversiones en el mantenimiento y cuidado de las ciudades y el deterioro de la calidad de vida, no son sino la consecuencias de un "crecimiento no planificado". Sobre la base de estos antecedentes y tal como lo señala la ODCA en la Propuesta Programática de Medio Ambiente el desarrollo urbano "debe planificarse considerando la armonía entre los asentamientos humanos y el medio ambiente, sobre la base del ordenamiento territorial y la participación ciudadana, propugnando la relocalización de aquellos asentamientos situados en zonas frágiles o vulnerables”
Hacer frente a estos problemas, resulta fundamental si pretendemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y humanizar nuestras ciudades.
VII.- por una Economía Social y Ecológica de Mercado.
En la economía de mercado, las relaciones económicas se rigen por las leyes de la oferta y la demanda, sin importar los efectos sociales que ello conlleva, y sin que nadie intervenga para revertir el daño causado.
En la Economía Social de Mercado, el Estado interviene para corregir estos desequilibrios, en tanto y en cuanto su intervención se haga necesaria. Rige la máxima "tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario". Tanto mercado cuanto sea posible, para fortalecer la iniciativa privada, con características de eficacia y eficiencia, así como la responsabilidad hacia sí misma de cada persona; tanto Estado cuanto sea necesario para garantizar la competencia con criterios de Justicia y equidad, así como la convivencia en una adecuado orden social.
En la Economía Social y Ecológica de Mercado, se mantiene esta intervención básica del estado en la economía, pero se incorpora la variable ambiental a las reglas del mercado y del estado. Su fundamento intelectual es la idea de la libertad responsable, que nace del concepto cristiano del ser humano y que se opone a la economía planificada socialista y a las formas económicas de tendencia liberal, exentas de control.
Por ello, el Estado debe establecer las condiciones para fortalecer las formas de autorregulación en el sector económico, en las que los individuos y las empresas, asuman
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con firmeza su compromiso ecológico y social y comprometer a todos los que participan en la vida económica, a respetar las exigencias sociales y las exigencias de respeto al ambiente.
La Economía Social y Ecológica de Mercado permite, como ningún otro orden económico, la realización de nuestros valores fundamentales: libertad, solidaridad y justicia; sus bases están constituidas sobre el rendimiento y sobre la justicia social, sobre la competencia y sobre la solidaridad, sobre la responsabilidad personal y sobre la seguridad social.
