UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS VENEZOLANA

Comisión de Hidrocarburos de La Comisión Asesora del Partido Social Cristiano Copei
INFORME DE PROGRESO
El contexto en el cual se realiza esta propuesta es el de un país caracterizado por el respeto a la propiedad privada, economía de libre mercado y Estado de derecho.
El trabajo que se presenta a continuación, es una primera aproximación sobre los que debieran ser los tópicos más relevantes para establecer una propuesta para el DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN VENEZUELA. En el se toman en cuenta tópicos como: la propiedad de los recursos de hidrocarburos; la participación del sector privado; el financiamiento de la nueva industria y destino de la renta (regalías y dividendos); el aspecto laboral/sindical; y los roles de los diferentes actores). Un detalle de los temas discutidos incluye los siguientes tópicos:
I. Gobernabilidad
II. Roles
a. Del hacedor de políticas públicas en materia energética
b. Del ente regulador de las actividades
c. De la empresa petrolera estatal
d. De la voluntad y actitud de las élites (mejor llamarlos los factores de poder) políticas, industriales, financieras, académicas y sindicales, que tendrán influencia en la implantación de las propuestas
III. Necesidad de una nueva legislación en materia de hidrocarburos
IV. Sobre la conveniencia de colocar a la empresa estatal en la Bolsa de Valores
V. Necesidad de crear la Asociación de Productores de Hidrocarburos independiente de PDVSA (APHI)
VI. Sobre la permanencia de Venezuela en la OPEP y en otras organizaciones internacionales relacionadas con la energía
VII. Necesidad de eliminar la falacia muy arraigada en los políticos, los viejos y los nuevos que con estas decisiones se está perdiendo soberanía por ser estas industrias básicas y estratégicas. Conceptos caducos y desventajosos para lograr el pleno desarrollo del país.
RELACIÓN ESTADO - PETRÓLEO - SOCIEDAD
Hablar de petróleo y hablar de Venezuela es hablar de dos caras de una misma moneda. Y es que el desenvolvimiento político, económico y social de Venezuela, a partir de la segunda década del siglo XX, hasta nuestros días, ha estado atado, o al menos fuertemente influenciado, por la manera y las circunstancias en las cuales se ha desenvuelto y hemos manejado la industria petrolera.
En el caso de Venezuela, cuando se inicia la explotación petrolera, la economía nacional es incipiente, Este fue un factor determinante para facilitar que el Estado se hiciera dueño de la renta petrolera, es decir, un Estado con ingresos propios, independientemente de la actividad económica que estuviera emprendiendo la sociedad. Adicionalmente, una cuestión que es relevante, en el caso venezolano, es que esa renta se genera fuera del territorio nacional. No hay un balance de actividad económica nacional como contraparte de la renta recibida.
Esta situación ha generado una relación Estado -Sociedad muy sui generis, caracterizándose entre otros aspectos por los siguientes:
I. Aunque se especifican de manera separada los ingresos provenientes de la renta petrolera y los provenientes de la actividad económica tradicional, la renta petrolera se ha asumido como un ingreso normal, estable en el tiempo, como cualquier otro ingreso proveniente de producción de bienes y servicios. Esta visión ha incentivado en el Estado una planificación estratégica epiléptica: en situación de artos precios establece planes faraónicos, incluso endeudándose más allá de lo prudente, basados en la expectativa de precios estables en el largo plazo, estando esto último bien lejos de la realidad. Vivimos de acuerdo al vaivén de la renta.
II. Pero lo peor es que en el Estado se ha concentrado además del poder político, que de suyo le corresponde, un poder económico proveniente de la renta petrolera de tal magnitud que se ha generado una situación que pudiéramos calificar de estatismo estructural, caracterizado por un Estado hegemónico repartidor de la renta, un sector privado de la economía poco competitivo y una sociedad cada vez más dependiente del Estado que en su mayoría vive de la expectativa del reparto de una riqueza para la solución de sus problemas y no a través del esfuerzo propio.
Los ingentes recursos provenientes de la renta petrolera ha permitido a un gobierno de clara tendencia totalitaria-comunista: influir en los resultados electorales de otros países de la región apoyando financieramente a partidos de su misma tendencia; estatizar empresas eléctricas, cementeras, siderúrgicas, agrícolas, agroindustriales y otras; mantener una tasa de cambio artificialmente baja y control de cambio que ha implicado la pérdida de competitividad de las empresas nacionales y ha exacerbado el clientelismo
La relación Estado - Sociedad reclama, en nuestros tiempos, una separación del poder político del poder económico para lograr un equilibrio de fuerzas. Mientras el poder político conserve además las prerrogativas económicas, los deberes y derechos de la ciudadanía como hombres libres y las exigencias de libre
movimiento y potestad de decisión que reclaman los hombres de una sociedad libre estarán necesariamente en zozobra o no podrán florecer.
El Estado amparado en los ingresos de una renta se relaciona con la sociedad por vínculos de autoridad subjetivos y caprichosos, a los cuales no les calza la objetividad de la ley, es decir la igualdad ante la norma jurídica de gobernantes y gobernados. El reto que enfrentamos los venezolanos es que cualquier modelo de desarrollo económico que emprendamos debe replantearse la manera como hemos venido manejando los ingresos provenientes de la renta petrolera. Cualquiera que sea el esquema que se adopte debe partir de las siguientes premisas:
I. Los ingresos provenientes de la renta petrolera en la etapa de explotación de tos yacimientos (regalías y dividendos de la empresa estatal) no deben formar parte del ingreso fiscal. El nivel de regaifas a pagar por las empresas que desarrollen actividades de explotación, públicas o privadas, será definido en acuerdo a la viabilidad económica de cada área en explotación.
II. Deberá crearse un esquema que permita que la renta tenga un efecto multiplicador de desarrollo económico y social y que la misma sea usufructuada directamente por sus verdaderos dueños, la Nación venezolana, a través de Fondos Soberanos, cuyos objetivos sean los de proveer bienes que incrementen las oportunidades de inversión y la protección social de los venezolanos: vejez, salud, educación.
III. Deberá establecerse un esquema empresarial y de gobernabilidad de la industria petrolera de tal forma que se garantice la explotación óptima de los yacimientos, la conservación y participación creciente en nuevos mercados, una óptima participación del sector privado en todas las etapas de la cadena de valor y el máximo impacto en el desarrollo económico nacional.
SITUACIÓN ACTUAL DE PDVSA
I. Empresa politizada
II. Diversificada en áreas no relacionadas con el negocio de hidrocarburos
III. Integrada verticalmente incluyendo áreas no medulares del negocio
IV. Nómina sobrecargada
V. Problemas de gobernabilidad
VI. Deterioro de la planta física
VII. Dificultad para acceder al mercado financiero
VIII. Dificultad para cubrir mueva oportunidades de mercado
GOBERNABILIDAD Y ROLES
Para derribar los muros que no dejan desarrollar la industria petrolera venezolana se propone:
I. El Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) dejen de ser manejados por la misma persona. PDVSA dejar de hacer actividad política, proceder a disminuir su nomina. La estatal debe revisar su decisión de haber expulsado a sus mejores trabajadores, y proceder a hacerle a los retirados, sin excepción, propuestas para su re enganche.
II. Para salvar la industria petrolera las figuras que actúan en la misma deben cumplir sus roles. El rol del MENPET debe ser el de hacedor de políticas públicas en materia energética. Dejar de ser controlador, fiscalizador, otorgador de licencias y permisos, y otras actividades que incumben a un Ente Regulador. El rol de PDVSA debe ser el que le estableció la Ley de Estatización de 1975: una empresa solo con funciones de coordinación y representación de las actividades de sus filiales, no operadora, es decir un "holding”, con un número mínimo de empleados.
III. Crear un Ente Regulador, que realice las actividades que hoy cumple el MENPET que no son de su competencia, como el control y fiscalización, establecimiento de los precios de los derivados de los hidrocarburos; otorgar licencias y permisos de exploración, producción y refinación; imponer multas, controlar el pago de las regalías, publicar estadísticas de la industria, entre tantas otras actividades que realizan los entes reguladores en todo el mundo. El Ente debe ser independiente del Ejecutivo, y su presupuesto no provenir del gobierno sino de los actores a que sirve.
IV. Ante la situación financiera de PDVSA, y para que los venezolanos sean propietarios de su estatal, será vital colocar sus filiales en la Bolsa de Valores, como lo permite la Constitución Nacional. El mejor ejemplo de esta decisión es el caso de las estatales Ecopetrol y Petrobras.
V. La Cámara Petrolera y la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVHI) tienen que funcionar libres de PDVSA y del Gobierno, es decir, que sean vigilantes y críticos de los planes del gobierno en materia petrolera, sin temor a que sus asociados vayan a ser excluidos de licitaciones y contratos.
VI. Trabajar en una Ley Habilitante para una legislación que permita el concurso del sector privado en las actividades sin tener que asociarse con PDVSA; revisar el sistema de regalías y liberar las actividades de comercio interior y exterior para que puedan ser realizadas por particulares.
VII. Con la Habilitante se creará una Ley de Regalías, para que estas no vayan al Fisco sino a un Fondo de Regalías, que será propiedad de cada venezolano.
VIII. Los sindicatos deben participar activamente en el desarrollo de la industria y exigir que sus fondos de ahorro y jubilaciones no estén dentro de las empresas
IX. Eliminar el fantasma que con estas decisiones se está perdiendo soberanía, y que la industria petrolera es básica y estratégica, conceptos caducos y
desventajosos para el pleno desarrollo del país, muy arraigados en los políticos viejos y nuevos.
Desde el punto de vista puramente operacional el Ministerio de Energía y Petróleo debe proceder a la brevedad a solicitarle a PDVSA que devuelva las áreas y actividades, donde no esté trabajando en la actualidad, como la decena de campos hoy inactivos (serán reactivados por particulares bajo la figura de licencias), los casi 20 000 pozos que no tiene produciendo (serán reactivados por particulares bajo la figura de licencias y/o permisos), los casi 700 prospectos exploratorios que no está explorando (para que sean otorgados bajo la exitosa figura de la exploración a riesgo y ganancias compartidas de finales de los '90), así como las áreas costa afuera contenedoras de grandes recursos de gas natural (que deben ser convertidos en reservas probadas). Una vez recibido esos activos, el despacho de energía debe entregárselo al ente regulador para que este proceda a otorgar las respectivas licencias y permisos para que las empresas particulares nacionales e internacionales comiencen a actívanos. Hay que suspender la "certificación" de las reservas de la Faja del Orinoco y revisar los convenios y contratos firmados hasta ahora con empresas que no tienen el know-how, músculo financiero ni la tecnología para producir, mejorar y comercializar crudos extra pesados. Y finalmente, revisar la decena de convenios de entrega de crudos y productos a países que no lo cancelan según los precios internacionales, y los plazos comercialmente aceptados. Así como la entrega de crudos a futuro por créditos recibidos en el presente.
PROPUESTA PARA RESOLVER LA GOBERNABILIDAD DE PDVSA
En la lamina anexa, se presenta la propuesta para resolver la cuestión de la gobernabilidad de la PDVSA actual en las actividades de exploración, producción y gas natural (las actividades de manufactura, comercio y empresas en el exterior se trataran en otras propuesta), y paralelamente, se observa como la nueva industria facilitará este proceso, ya que se abrirán múltiples oportunidades de trabajo para los que laboran en la PDVSA actual: así como para los ex trabajadores que no deseen trabajar en las áreas que conservará la PDVSA actual. La ventaja de esta propuesta es que la PDVSA actual no crece más.
La PDVSA actual mantiene, por los momentos el "holding" y las áreas activas que incluyen tas que produce con esfuerzo propio. Por otra parte, PDVSA entrega las áreas inactivas (campos y pozos) que serán reactivadas por particulares nacionales e internacionales, a través de las figuras de licencias y permisos, según sea el caso.
Las áreas nuevas, que incluyen los casi 700 Prospectos exploratorios y todas las áreas costa afuera por explorar, pasan a ser exploradas y desarrolladas por empresas nacionales e internacionales. Se observa que podrá existir la figura de la exploración a riesgo y ganancias compartidas, en áreas que se consideren de interés, sin embargo en esas áreas la filial que representará las acciones de los venezolanos, tendrá participación accionaria, pero no tendrá injerencia mayor en los planes, operaciones, recursos humanos y comercialización.
Autor: Diego S. González Cruz
Mayo 2009
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS
El objetivo es acercar la toma de decisiones al ciudadano en todos los ámbitos y en este caso en la industria de los hidrocarburos. Para alcanzar esta meta hay que minimizar los intermediarios, especialmente el Estado, que usualmente es controlado por una sola persona. De esta forma se logra la transparencia en el manejo del sector y eficiencia operacional y financiera. Como consecuencia directa de una participación ciudadana en el negocio se abren las posibilidades para la obtención de recursos tanto de inversionistas como de financistas nacionales e internacionales.
Situación Financiera de Petróleos de Venezuela
En 1976, cuando se creó Petróleos de Venezuela su balance financiero no tenía deudas crediticias y su flujo de caja era suficiente para mantener la operación pero sin mayor holgura para incrementar la producción de crudo. Sin inversiones importantes y con la declinación natural de los yacimientos la producción comenzó a bajar paulatinamente hasta 1986 cuando comenzó un ligero repunte que colocó la producción en 2.015 MBD en 1989.
A mediados de la década de los ochenta se plantea la necesidad de obtener recursos para mantener e incrementar los niveles de producción. Se plantea por primera vez la contratación de financiamientos para un amplio programa de inversiones que incluía aumento de la producción de petróleo, adecuación de las refinerías a las nuevas exigencias de los clientes sus legislaciones ambientales, aumento de la producción petroquímica, e incrementos en la flota de banqueros y también en la producción de carbón.
En el año 1988 PDVSA mostraba la impresionante cifra de $ 23 mil millones de activos con un patrimonio de casi $ 22 mil millones. Es decir, apenas deudas comerciales de un mil millones de dólares todas pagaderas en 90 días Una fortaleza financiera no vista en el ámbito corporativo nacional e internacional.
En 1989 se comienzan a contratar créditos por primera vez para alcanzar la mencionada meta de aumentar las operaciones en diversos ámbitos. En los años siguientes la empresa continuó invirtiendo y tomando créditos para financiar los planes de inversión. Para 1997 la producción de crudo de PDVSA alcanzó la cifra de 3.248 MBD. Los activos de la empresa, incluyendo las posesiones internacionales alcanzaron 47.148 millones de dólares. La deuda consolidada, incluyendo las obligaciones de Citgo sumaba 5.341 millones de dólares. Aún una relación deuda/capital bastante baja para los estándares corporativos.
A fin de generar mayores ingresos al país en materia de inversiones, impuestos y puestos de trabajo creados, se abrió la posibilidad de que empresas mixtas incursionarán en el negocio petrolero en dos áreas específicas. La Faja Petrolífera del Orinoco, que contiene crudos extra pesados y los nuevos bloques de exploración que fueron subastados en 1997. En ambos casos se permitía una mayoría accionaria de las empresas privadas pero dando a PDVSA el derecho a veto en ciertas asuntos considerados estratégicos. El resultado de esta apertura fue la inversión de más de 12.000 MM$ en el país para desarrollar cuatro empresas que produjeron hasta 600 MBD de petróleo mejorado.
Para diciembre de 2007, luego de cinco años de administración politizada, el gobierno reporta la deuda total de PDVSA en US$ 16.006, la más alta de su historia. La agencia Internacional de Energía reporta una producción de 2.100 MBD, incluyendo la Faja del Orinoco que fue desarrollada por empresas privadas y confiscada por el gobierno en 2006.
Actualmente la empresa no tiene acceso a fuentes de financiamiento dado que sus bonos arrojan rendimientos superiores al 18 % en los mercados y cualquier nuevo préstamo seria a esas tasas. La empresa ha quedado relegada a pedir financiamientos a agencias gubernamentales y a comercializadoras en condiciones desconocidas.
No parece viable que la empresa actual, sobrecargada de personal, endeudada y politizada pueda desarrollar una nueva industria petrolera venezolana. Habría que desarrollar la Corporación Estatal de Hidrocarburos. Una empresa moderna, ágil y con una visión similar a otras empresas estatales de petróleo.
Modelos de Participación Ciudadana en la Corporación Estatal de Hidrocarburos
La nueva Corporación Estatal de Hidrocarburos de Venezuela (CEHIVE), necesitará abundante capital para paulatinamente ir asumiendo las concesiones que actualmente posee PDVSA. Las fuentes de capital de la empresa serian:
Capital Accionario
Préstamos Bancarios
Bonos emitidos en el mercado de capitales
El capital accionario puede ser en forma de aportes en efectivo o en la forma de bienes valorizados a mercado por empresas reputadas. En ese sentido un traspaso paulatino de activos de PDVSA a la CEHIVE iría conformando la base del
capital accionario de la empresa. Los activos iniciales a transferir deberían ser los correspondientes a la producción, ya que representan el corazón del negocio y su parte más rentable. El sector de refinación debe ser revisado a profundidad ya que su estado es crítico y con la venta de combustible a pérdidas a nivel nacional su situación es de aun mayor cuidado.
Adicionalmente el Estado puede ir aportando montos en efectivo que provean de una liquidez inicial a la compañía para que pueda operar.
El mercado de préstamos bancarios está igualmente reducido por la crisis bancaria internacional y la desconfianza en Venezuela y sus empresas. Inicialmente solo se podrá recurrir a los Bancos de los Gobiernos interesados en la venta de sus productos y servidos al país. Posteriormente se irán abriendo las posibilidades de créditos en la banca privada a medida que la confianza se recupere. Las posibilidades de acceder al mercado de bonos, la fuente más amplia de recursos financieros se encuentra cerrada en estos momentos para Venezuela y cualquiera de sus empresas. La gran innovación de la nueva corporación es la inclusión de accionistas privados al capital y aprovechar así esta importante fuente de financiamiento. Hemos visto como otras empresas estatales han abierto su capital entre un 49 y un 20 %. En principio Venezuela podría permitir que un tercio de su capital fuera transado en los mercados. Se pueden introducir límites para que un solo ente, natural o jurídico no tenga más de un cierto porcentaje que puede estar alrededor de un 3 %.
El proceso de flotación de las acciones se puede hacer en varias rondas a fin de que el mercado vaya paulatinamente absorbiendo los montos involucrados con el mayor éxito posible. Es imprescindible que las acciones puedan adquirirse también en el exterior para otorgarle a la empresa el acceso a los mercados más abundantes en recursos. La bolsa de Nueva York es el corro que todas las otras empresas estatales han escogido para este fin.
Obviamente las acciones también se listarían en Caracas, aunque la BVC cuenta con una liquidez mínima. Tal vez esta y otras acciones del sector hidrocarburos puedan apoyar el fortalecimiento de esta bolsa de valores. Se podría considerar una inscripción en algún otro corro de la América Latina para reforzar el sentimiento de integración regional. También se iniciaran planes de pago mediante acciones de la CEHIVE a los empleados públicos, sobre todo para cancelar las inmensas deudas por prestaciones sociales. De esta forma los trabajadores se convierten automáticamente en accionistas de la empresa petrolera del país. La conformación de fondos especiales para la inversión en la empresa petrolera debe ser estimulada. Prestaciones y cajas de ahorro también deben ser estimulados a invertir en la empresa, creando una verdadera propiedad social del recurso petrolero.
Conclusiones
Los capitales financieros son escasos y altamente demandados en el mundo económico actual. Los gobiernos cuentan con crecientes responsabilidades sociales e incluir el rol de inversionista en actividades netamente mercantiles, distrae esos recursos y se desatienden actividades propias del Estado.
Para atraer capitales a la explotación de las riquezas del subsuelo es necesaria una legislación que permita que dichos capitales cuenten con seguridad jurídica y ganancias razonables vinculadas al riesgo que suponen la exploración, la producción y la venta de hidrocarburos y sus derivados.
La empresa estatal petrolera, PDVSA, ha sido llevada a una situación financiera precaria que no le permite ni siquiera mantener sus niveles de producción actuales. Su politización y dispersión de objetivos hace inviable su permanencia como el ente estatal explotador de los hidrocarburos.
Para alentar a los inversionistas a venir al país para desarrollar sólidamente el sector de hidrocarburos es necesario: abrir las concesiones en forma selectiva a empresas privadas: crudos extra pesados y áreas no exploradas.
Crear una nueva empresa estatal de hidrocarburos con una porción de su capital abierto a los inversionistas nacionales e internacionales.
Solo de esta forma se tendrá una empresa ágil moderna eficiente y transparente a la altura de los consorcios petroleros mejor manejados en el mundo.
LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA DE VENEZUELA (CONAE)
En una propuesta para poner en orden el sector energético venezolano se requiere derribar muchos muros, y no solo eso sino derribarlos en la dirección correcta. Para comenzar a derribar esos muros que no dejan desarrollar las industrias energéticas venezolanas proponemos la creación de una Comisión Nacional de Energía de Venezuela (CONAE). Comisión que en su fase inicial hará énfasis en lo más obvio, el sector hidrocarburos (petróleo y gas natural), por supuesto sin descuidar el sector eléctrico venezolano y las otras energías.
Queda entendido que las otras energías fósiles y renovables también tendrán su lugar y serán de interés para la CONAE. Valga recordar que en Venezuela se creó un Consejo Nacional de Energía, pero en la práctica no funcionó, porque dependía del gobierno de turno.
Las experiencias de la necesidad y el éxito de estos organismos, llamados en algunos lugares Consejos, en otros
Comisiones o Agencias, abundan. En unos países nombradas y presididas por el ministro de Energía o el de Economía, en otros por diferentes representantes del Estado (incluido el presidente de la República), y en los más conformados por personas imparciales y neutrales, independientemente de por quién son nombrados. Lo que sí es común es su libertad y autonomía de las pretendidas políticas gubernamentales, y que trascienden los periodos de gobierno. Con respecto a sus objetivos, atribuciones y funciones también son muy variadas.
Para el caso Venezuela, país presidencialista por excelencia, y donde los recursos energéticos aunque pertenecen a la República (la Nación, los Ciudadanos), son administrados y están secuestrados por el Estado y desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo (el Gobierno), y que uno de esos recursos es el que mueve y motorizara la economía del país por muchos años por venir, mi propuesta es que los directivos de la CONAE (no más de cinco, incluido su presidente) provengan
de "temas" o equipos nominados por los entes públicos y privados muy relacionados con el sector energético, como referencia y a manera de ejemplo, participarían las Academias Nacionales de la Ingeniería, el Hábitat y la de Ciencias Económicas, las Sociedades Profesionales de Petróleo, Geología, Geofísica, Electricidad y Minería; Centros de Investigación, las Cámaras Petrolera y Eléctrica (CAVEINEL), la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), la Asociación Venezolana de tos Hidrocarburos (AVH1), otros sectores empresariales relacionados, representantes del sector laboral petrolero, eléctrico, minero, las universidades, entre otros.
Lo que si será importante y fundamental será definir las características éticas, profesionales y personales que deberán tener y cumplir esas cinco personas. Las propuestas serán consideradas por un Comité nombrado para tal efecto (sugeriría que ese Comité estuviera encabezado por los presidentes de las Academias de Ingeniería y Economía), y este enviará los seleccionados a la Asamblea Nacional solo para su ratificación y publicación en Gaceta Oficial.
El resto de la CONAE estará conformada por representantes de todos los sectores directamente relacionados con la energía, antes nombrados, que participan directa o indirectamente en la nominación de los cinco directivos. Estos representantes serán ratificados por los directivos del CONAE y sus nombres aparecerán en la Gaceta Oficial. No hay que temer que el número alcance cientos. Si miramos el caso de los EE.UU., el NPC lo conforman todos los representantes del sector energético y de los sectores relacionados: compañías de petróleo y gas natural grandes y pequeñas, transportadores de petróleo y gas natural, refinadores, comercializadores, empresas de construcción, perforación y de bienes y servicios petroleros; empresas consultoras y financieras; compañías eléctricas y otros importantes consumidores; representantes diferentes al sector industrial, financiero y comercial, como universidades (recomiendo ver http:/www.npc.org)
Será condición sine qua non que el CONAE funcione con los aportes, fondos y contribuciones privadas y públicas de todos sus miembros (pero en ningún caso del gobierno central), basados en el presupuesto que el CONAE apruebe anualmente y aprueben sus miembros, para cubrir las actividades de la Comisión (pagar funcionarios, reuniones, eventos, las oficinas, publicaciones y otros asuntos relacionados).
Será fundamental la forma de organización y de reuniones. Se propone la organización por grupos, equipos o temas de estudio (Petróleo, gas, carbón hidráulica, otras renovables, oferta, demanda, mercado interno, tecnología, geopolítica, ambiente y precios entre otros) que se reunirán en el lugar y a conveniencia de sus miembros. Sin excepción. Las agendas y los informes de progreso y resultados de tos trabajos de los grupos deben ser públicos (en la Web de la CONAE).
EL ENTE REGULADOR DE LOS HIDROCARBUROS
Para avanzar en el desarrollo de la industria petrolera se hace necesario crear el Ente Nacional para los Hidrocarburos (ENAHID) para garantizar la aplicación de las políticas públicas que se establezcan para el sector y regular todas las
actividades de exploración, explotación, procesamiento, refinación, mejoramiento, transporte, distribución y el comercio interno y exterior de los hidrocarburos, sus componentes y derivados principales. El Estado, por órgano del ENAHID, dictará medidas que propicien la formación y la participación de capital nacional en las actividades petroleras, así como aquellas necesarias para que los bienes y servicios de origen nacional concurran en condiciones de transparencia y no desventajosas en el desarrollo de proyectos relacionados con las indicadas actividades.
El ENAHID tendrá las siguientes atribuciones:
 Implementar las políticas públicas emanadas del Ministerio de Energía y Petróleo en materia de hidrocarburos.
 Promover los estudios para la delimitación de las áreas y bloques con el propósito de otorgar las licencias que sean necesarias para la exploración y el desarrollo de los recursos de hidrocarburos
 Delimitar las áreas geográficas en las cuales se realizarán las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos.
 Facilitar el desarrollo y desenvolvimiento del mercado interno y del comercio exterior de las materias sujetas a regulación.
 Desarrollar el concepto de la "taquilla única" para la centralización de todos los trámites.
 Regular la ejecución de los estudios geológicos y geofísicos para la exploración por recursos de petróleo y gas en todo el territorio nacional.
 Preparar las bases y organizar las rondas para el otorgamiento de licencias para exploración y explotación de los recursos de petróleo y gas.
 Elaborar los reglamentos, resoluciones y circulares que sean necesarias para el desarrollo de las actividades señaladas en la Ley.
 Otorgar las licencias y los permisos para realizar todas las actividades exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte, comercialización, importación y exportación, bajo los términos establecidos en la Ley y sus reglamentos.
 Establecer las metodologías para el establecimiento de los precios de los hidrocarburos que se distribuyan en el mercado interno.
 Establecer las metodologías para el establecimiento de las tarifas de almacenamiento, transporte y distribución de los hidrocarburos.
 Inspeccionar y fiscalizar las actividades relacionadas con los hidrocarburos, e imponer las penalidades administrativas y monetarias que prevean los reglamentos
 Dirimir las situaciones de servidumbres y expropiaciones relacionadas con las actividades de la Ley
 Estimular la investigación y la adopción de nuevas tecnologías para la exploración, explotación, refinación, procesamiento, almacenamiento y transporte de los hidrocarburos.
 Organizar y mantener la información técnica y bancos de datos relacionados con la industria de los hidrocarburos.
 Consolidar mensual y anualmente la información que proveen las compañías y entes gubernamentales en materia de reservas, producción y utilización de los hidrocarburos, teniendo la responsabilidad de hacerlos públicos, por los medios más convenientes en cada caso.
 Cooperar con otros entes regulatorios en el sector energético en asuntos de interés común.
 Auditoria de costos de las actividades que se lleven a cabo.
El ENAHID es un ente desconcentrado, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional; gozará de autonomía funcional, administrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones. La sede del ENAHID será la ciudad de Caracas y podrá establecer dependencias en otras ciudades del país.
Su directorio estará formado por expertos en las materias a regular. Su organización, descripciones de puestos, forma de selección y atribuciones serán definidas en el reglamento que deberá publicarse a los 90 días de promulgada la Ley que lo crea. El actual Ente Nacional del Gas (ENAGAS) pasara al ENAHID. Todas las oficinas regionales del Ministerio de Energía y Petróleo que atienden las actividades relacionadas con esta Ley pasan al ENAHID.
Los ingresos del Ente Nacional para tos Hidrocarburos (ENAHID) serán los siguientes:
1. Las contribuciones especiales anuales de los exploradores, productores, refinadores, transportistas, distribuidores y comercializadores de petróleo y gas.
2. Las donaciones, aportes, y cualesquiera otros bienes o derechos que reciba de personas naturales o jurídicas.
3. Los ingresos provenientes de las licencias y permisos, y de las sanciones aplicadas.
4. Cualquier otro aporte que reciba de conformidad con la legislación vigente.
Los directivos y empleados del ENAHIO no serán considerados funcionarios o empleados públicos. El personal del ENAHID, con excepción de los miembros de la Junta Directiva, será designado por su Directorio, seleccionado mediante procesos de convocatoria y concurso públicos y con base en principios de capacidad y méritos, y tendrá regímenes especiales de contratación, administración de personal, salarios y prestaciones que garanticen la idoneidad para el cumplimiento de sus funciones.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA
Desde mucho antes de la estatización petrolera, el sector privado ha venido participando en la industria petrolera de Venezuela, así podemos decir que muchas empresas nacionales (Registradas en el país como capital privado nacional) han sido subcontratistas de las empresas concesionarias en actividades como "desarrollo de locaciones", transporte de personal y equipos, reparaciones y restauraciones de pozos de poca profundidad, estudios geofísicos, levantamientos topográficos, estudios de yacimientos, tendido de tuberías, construcciones civiles, mecánicas y eléctricas, estaciones de bombeo, etc.
A partir de la estatización de la industria en 1975/1976, las empresas privadas nacionales han venido exigiendo cada vez una mayor participación en las actividades requeridas por las empresas nacionalizadas, basándose en los siguientes argumentos, todos ellos muy válidos en su época y en la actualidad:
I. El contratista suministra un capital de trabajo y ejecución bastante elevado, que podía ser suministrado por el sector privado, sin participar en las actividades medulares, dejando a la Empresa Nacional Petrolera la posibilidad de utilizar su capital en actividades más productivas y más intrínsecas a la actividad petrolera propiamente dicha.
II. De igual manera, el personal de los contratistas llenaba los requisitos de la industria sin tener que emplearlo directamente la Empresa Nacional Petrolera, con lo cual se mantenía el personal limitado a lo estrictamente necesario, con el mínimo de personal ocioso o ineficiente.
III. Hacía innecesario la inversión de capital en equipo que se utiliza ocasionalmente, y que requiere de cuido y mantenimiento.
IV. Las empresas se especializan en servicios, con lo cual, su personal hace carrera en actividades que se convierten en principales para esas empresas, y el personal puede hacer carrera en un campo especializado, y se pueden lograr avances tecnológicos, con lo cual se obtiene mayor competitividad.
V. Las empresas fabricantes de suministros industriales desarrollan capacidades que les permite competir internacionalmente en el suministro de tales equipos, con lo cual se logra crear riqueza. Sería deseable lograr lo que logró el desarrollo industrial de la ciudad de Houston, que produce hoy, mayores ingresos que los que generaba la producción petrolera en su momento de mayor producción, aunque calculemos su valor con el precio máximo que ha alcanzado el petróleo históricamente.
Con el tiempo, las empresas Nacionales, fueron utilizando de manera más intensa, los servicios de las empresas privadas venezolanas, lo cual fue permitiendo incrementar el contenido nacional de las diversas especialidades en la producción, transformación, facilidades petroleras, servicios conexos, y en general, en el valor de nuestro petróleo se estaba logrando una mayor participación nacional, es decir, en cada barrí que se exportaba, no sólo se recibía el valor del yacimiento de
donde provenía el petróleo, sino que también se incorporaba a su valor un importante contenido nacional consistente en el verdadero valor nacional que produce desarrollo, ya que el valor de la renta, tos royalties e impuestos, siempre estuvieron presentes en nuestro desarrollo petrolero, en forma creciente a partir de la Ley de Hidrocarburos de 1943, en especial a partir de 1958, cuando se logró el 50/50 y se comenzó a incrementar el monto de los impuestos petroleros y implantar el cobro de los impuestos y regalías con la tecnificación del despacho de Minas e Hidrocarburos, y más aún después de la estatización petrolera.
Corno un ejemplo de la participación nacional lograda en nuestra industria petrolera nacionalizada, podemos indicar que para 1990, de los montos de horas contratadas a empresas de ingeniería para la industria petrolera, el 91% de esas horas era contratado a empresas venezolanas, con un número de horas hombre venezolanas de esa magnitud. De igual manera para esa misma época, una cifra cercana al 95% del valor de las construcciones llevadas a cabo en ese año, fueron realizadas por empresas venezolanas de larga participación en nuestra industria petrolera, y un monto cercano al 60% de los insumos en equipos requeridos por la industria eran de fabricación nacional.
El sector privado venezolano mostró interés en participar en la transformación de los hidrocarburos para agregarte valor mediante tecnologías y agregado de mano de obra y utilización de plantas mejoradoras y refinadoras. No hubo mayores avances en ese campo por el prurito de que todas las actividades petroleras están reservadas a "la nación", interpretando esto como excluyente al sector privado nacional. Muchos proyectos hubieran podido llevarse a cabo con esa participación sin la inversión de grandes capitales por parte de la nación, con lo cual se generarían impuestos que incrementarían los ingresos del fisco nacional. Tampoco se ha permitido la participación 100% del sector privado en las actividades de extracción y explotación de yacimientos, ni siquiera en la modalidad de licenciatarios, socios ni aún como subcontratistas, con lo cual se ha perdido la oportunidad de incrementar el desarrollo de la producción sin requerir grandes inversiones adelantadas por el estado.
Rol del sector privado:
El rol del sector privado debería permitir una participación activa y critica en todas las actividades de producción, transformación, y comercialización de los hidrocarburos, con el objeto de agregarle valor a la materia prima, con lo cual se genera una mayor participación de la nación, no sólo mediante el valor agregado, sino también por la generación de impuestos por la ganancia obtenida.
La Cámara Petrolera, la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVHI), la asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) y la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), la Cámara Venezolana de consultores (CAVECON), entre otras, tienen que funcionar libres de PDVSA y del Gobierno, es decir, que sean vigilantes y críticos de los planes del gobierno en materia petrolera, sin temor a que sus asociados vayan a ser excluidos de licitaciones y contratos.